Marzo 13, 2017

El incierto futuro de Temer lleva otra vez a Brasil a zona de turbulencias

La justicia electoral se dispone a decidir si hubo finaciamiento ilegal de campaña; hay preocupación en los mercados por el impacto de la eventual caída del segundo presidente en un año

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El aviso de abrocharse los cinturones ya fue encendido: Brasil se aproxima a una nueva zona de severas turbulencias. Pasado el relajo del Carnaval, la justicia electoral avanzó en los últimos días a toda velocidad para juzgar cuanto antes una demanda que podría acabar con la anulación del mandato del presidente Michel Temer y sumir al país en otro período de inestabilidad e incertidumbre como el que atravesó el año pasado durante el proceso de impeachment a Dilma Rousseff.

Desde hace un año y medio, el Tribunal Superior Electoral (TSE) tiene en análisis la causa por presunto abuso de poder político y económico en la campaña de la fórmula Rousseff-Temer en los comicios de 2014, que llevó a la reelección de la dupla de los entonces aliados del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Con la aprobación, a fines del año pasado, del acuerdo de delación premiada que firmaron con la Justicia 77 ex ejecutivos de la compañía Odebrecht condenados por sobornos en el esquema de corrupción de Petrobras, los arrepentidos empezaron también a brindar pruebas de las donaciones no declaradas que hicieron a campañas políticas, y por ende del supuesto financiamiento ilegal de la fórmula Rousseff-Temer.

El juez del TSE a cargo del caso, Herman Benjamin, pasó las últimas semanas tomando declaraciones a los ex ejecutivos de Odebrecht -entre ellos el ex presidente de la corporación Marcelo Odebrecht-, varios de los cuales revelaron que la empresa aportó unos tres millones de dólares al PMDB en la campaña de 2014 por expreso pedido de Temer, además de otros montos al PT. Según los arrepentidos, ese dinero nunca fue declarado a la justicia electoral (práctica apodada "Caja 2"), aunque Temer y el PMDB aseguran que sí.


Benjamin ya ha adelantado que pretende juzgar el caso entre marzo y abril; él elaborará un informe y luego los siete magistrados del TSE tendrán que decidir si hubo o no financiamiento ilegal de la campaña. Como Dilma quedó fuera del escenario tras su destitución por el Congreso por manipulación de las cuentas públicas, quien tiene todo para perder ahora es Temer.

"Nunca antes hubo una acción contra una fórmula presidencial que haya llegado tan lejos, con tantos elementos que apuntan a la posible anulación del mandato. El riesgo de que Temer quede fuera del poder es real", apuntó a LA NACION Silvana Batini, profesora de Derecho Electoral de la Fundación Getulio Vargas y miembro del Ministerio Público Federal. Irónicamente, la demanda contra la fórmula Rousseff-Temer fue presentada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), derrotado en el ballottage de octubre de 2014, pero hoy principal socio de la coalición que sostiene a Temer.

De comprobarse el financiamiento ilegal de aquella campaña, Brasil entraría en un nuevo remolino político. Como no hay vicepresidente, asumiría el poder interinamente el presidente de la Cámara de Diputados (Rodrigo Maia, del partido Demócratas, aliado del gobierno) hasta que sea elegido un sucesor. Y como ya pasó la primera mitad del mandato actual (plazo que se venció el 31 de diciembre de 2016), la Constitución prevé que la elección sea indirecta; es decir, que el Congreso, reunido en sesión unicameral, elija al encargado de completar el presente período presidencial hasta las elecciones generales de octubre de 2018.

"Los diputados y senadores tendrían un plazo de hasta 30 días para elegir al nuevo mandatario. Pueden elegir a cualquiera de sus miembros o a cualquier persona fuera del Congreso que reúna los requisitos para ser presidente", explicó el constitucionalista Leonardo Vizeu, de la Orden de Abogados de Brasil. "Con el desprestigio que tiene el actual Congreso, la mejor solución sería alguien que no forme parte del viciado juego político brasileño, sin filiación partidaria. Tal vez alguien del mundo empresarial, un buen gestor que conduzca al país hasta las elecciones de 2018", opinó.

¿Qué sucedería mientras tanto con la economía brasileña, que después de dos años de la peor recesión de su historia está empezando a exhibir algunos brotes verdes?

"El apartamiento de Temer produciría un shock de incertidumbre política que contaminaría toda la economía", vaticinó el analista Rafael Cortez, de la consultora Tendencias. "En su visión economicista, hoy el mercado no tiene esa posibilidad en su radar, pero el riesgo es mucho mayor de lo que se piensa. Ni los actores económicos ni los políticos ejercen presión en ese sentido, pero lo que definirá todo es el proceso en la justicia electoral", agregó.

Dentro y fuera del TSE la defensa de Temer puso en marcha varias estrategias de contención. Por un lado, frente al juez Benjamin ha alegado que el actual presidente jamás discutió cifras con los empresarios de Odebrecht y que cualquier "donación" irregular fue hecha sin el consentimiento del entonces vicepresidente. Además, ante la posibilidad de que los métodos de recaudación de Dilma comprometan también a Temer, pidió separar las cuentas del PMDB de las del PT. Y en todo momento buscó atrasar el proceso para postergar una decisión del TSE.

"El gobierno sabe que lo que sale a la luz en el TSE, alimentado por la delación premiada de Odebrecht, no pinta bien y está desplegando maniobras para desactivar esa bomba", indicó Paulo Calmon, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia.

La justicia también es consciente de todo lo que está en juego, de los estragos que provocaría en el país la caída del segundo presidente en menos de un año. Pero con la alta impopularidad de Temer y el amplio apoyo de la sociedad a la "depuración" iniciada por la operación Lava Jato, la opción de permanecer inmóvil o de absolver al actual mandatario no sería bien recibida en las calles.

Unos 200 políticos, en la mira de la justicia

RÍO DE JANEIRO.- Se espera que a partir de hoy el procurador general de la república, Rodrigo Janot, envíe al Supremo Tribunal Federal (STF) los primeros pedidos de investigación o demandas concretas contra legisladores y ministros citados como beneficiarios de sobornos en el acuerdo de delación premiada firmado con la justicia por 77 ex ejecutivos de la compañía Odebrecht. En la Corte, el juez Luiz Edson Fachin analizará las solicitudes y podrá determinar el levantamiento del secreto de sumario que pesa sobre el caso. La expectativa es gigantesca, tanto que se habla del "tsunami Odebrecht". Según las filtraciones, se calcula que unos 200 políticos con foro privilegiado, de todos los partidos, fueron acusados





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