TIEMAS DE LA JUSTICIASeptiembre 22, 2017

Franquicia para delinquir

Por Eduardo Quattropani
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En los últimos días se han conocido dos fallos por los cuales se ha hecho lugar a la extinción de la acción penal por reparación integral del daño.

Se viene la impunidad absoluta para los pudientes (o la Justicia Penal sólo para pobres), o la franquicia para delinquir.

Lo gravísimo de ernativo a las normas procesales provinciales a dictarse, se lo aplica cuando en San Juan no existe, para suerte de la gente, reglamentación.

Del modo que se aplica –no estando vigente- no hay límite legal alguno para otorgar el beneficio (es decir, mientras tengas dinero puedes comprar, sin límites, impunidad.

Así como se ha aplicado, no se sabe cuál es la participación de las víctimas, la de los Fiscales, no se sabe qué y quién determina que es reparación integral. No se sabe, tampoco, cada cuanto se puede pedir la extinción de la acción penal, ni cuantas veces.

Es decir, desde ahora, según esos fallos, deberemos acostumbrarnos a verificar un precio por una violación, por un homicidio, por una lesión gravísima, etc., pues tampoco hay límites de delitos.

En concreto, no sólo el Instituto no está vigente, por lo que su aplicación es grave sino que ese medio alternativo se convierte en una franquicia para delinquir.

Para peor, la falta de límites as, coacción y “apriete” del victimario, quien tiene un poder vulnerante y condicionante sobre aquella, que razonablemente no se puede desconocer.

Esa falta de vigencia no debe ni puede ser suplida por jueces, pues ello es propio de otro Poder del Estado.

Si la Provincia no lo ha reglamentado debe interpretarse que no acuerda con este modo de extinguir la acción penal, que podrá ser analizada para ciertos y determinados delitos, por ejemplo económicos –lo que no es igual que delitos contra la propiedad-, pero jamás en los términos que los Tribunales sanjuaninos lo están planteando, ya que –como se dijo- instalará una intolerable impunidad contraria al esfuerzo que se hace para poner en caja a la inseguridad.

Como última reflexión debe recordarse que el delito reconoce, cada día, una mayor organización y poderío económico por lo que, de adoptarse este Instituto sin la reglamentación correspondiente, los jefes o cabecillas financiarán la impunidad de los integrantes de sus organizaciones.





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