Agosto 7, 2018

Indagaron a Jorge Mayoral en la causa por presuntas coimas en la obra pública

Hoy fue el turno de exfuncionarios y gente cercana a la familia Kirchner. También declaró el exejecutivo de la empresa Techint detenido el lunes. Más empresarios se sumaron a lista de "arrepentidos".

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Jorge Mayoral, exsecretario de Minería.

Continuó hoy la ronda de indagatorias en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina de Kirchner, que ya cuenta con varios detenidos y "arrepentidos".

Este martes fue el turno de las exposiciones el ex secretario de Energía Jorge Mayoral, el empresario de medios en Santa Cruz Rudy Ulloa, el ex operador judicial Javier Fernández y el ex subsecretario nacional de Obras Públicas Germán Nivello.

Ayer fue un día de grandes novedades en la causa. El juez federal Claudio Bonadio comenzó con las declaraciones indagatorias a los acusados de estar involucrados en la en la causa por supuesto pago de coimas en la obra públicas durante el kirchnerismo, trama destapada por las anotaciones del exchofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno.

El primero turno fue para el empresario Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, que quedó detenido tras negarse a declarar. Durante la jornada, además, declararon otros dos empresarios que figuran en los cuadernos del chofer, Alejandro Ivanissevich de Emgasud y Manuel Santos Uribelarrea de MSU.

Ivanissevich y Uribelarrea declararon que los aportes para la campaña del FPV se los había pedido Roberto Baratta, ex mano derecha del ex ministro Julio De Vido en Planificación Federal y quien se encuentra detenido en esta causa, indicaron fuentes judiciales.

Según detalló Uribelarrea, en 2015 Baratta le reclamó 100 mil dólares y él los pagó en tres cuotas, una antes de las primarias y las otros dos previas a las generales: además, dijo haberse sentido "presionado" para realizar ese pago, algo de lo que también ratificó en su indagatoria Ivanissevich.

El único prófugo en la causa es Oscar Thomas, quien fuera director del Ente Binacional Yacyretá y uno de los funcionarios de confianza del ex ministro De Vido, y quien mediante su abogado, José Manuel Ubeira, intenta conseguir ahora la exención de prisión.

Mientras continúa la ronda de declaraciones, Centeno volverá a presentarse ante Bonadio en los próximos días para deslindar algunas dudas de los investigadores, a los que ya se sumó el fiscal federal Carlos Rívolo por decisión de la Procuración General de la Nación, pudo saber NA.

Pero lo más relevante del día de ayer fue la presentación del exdueño de la constructora IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, quien declaró ante Bonadio que realizó pagos ilegales al gobierno kirchnerista bajo "presión" de Baratta y se sumó al grupo de empresarios "arrepentidos" que quedaron en libertad.

Calcaterra se presentó voluntariamente en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como "imputado colaborador" en la causa por los cuadernos con detalles del presunto pago de sobornos por la obra pública al Gobierno anterior: dijo que efectivamente ordenó desembolsos en negro pero no a modo de "retornos" por las obras concedidas a su empresa sino en medio de "aprietes" de Baratta para financiar las campañas electorales del kirchnerismo en 2013 y 2015.

Tras su testimonio, Calcaterra dejó los Tribunales en libertad, lo mismo que ocurrió con el ex CEO de IECSA Javier Sánchez Caballero, detenido desde el miércoles y este lunes excarcelado también bajo calidad de "arrepentido".

"Yo le daba la plata a Sánchez Caballero, él pagaba por orden mía", dijo Calcaterra en su declaración ante Bonadio y, si bien avaló los domicilios anotados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como lugares de pago, sostuvo que los montos eran inferiores a los allí registrados.

El tercer empresario que se ajustó a la nueva figura penal para aportar información a cambio de reducción de la pena fue Juan Carlos de Goycoechea, entonces director de Isolux Corsán en el país, quien también fue beneficiado con la excarcelación.

Su abogado, Juan Araoz de Lamadrid, sostuvo este lunes que su defendido fue víctima de extorsión y no conformó una asociación ilícita, ya que era presionado con los pagos para que se destrabaran los certificados de obra de la usina de carbón de Río Turbio.

"Creemos que la calificación que le correspondería sería diferente a la de asociación ilícita. Fue víctima de una extorsión por parte de los funcionarios. Si no correspondía a estos reclamos no le liberaban los pagos de las obras con todos los problemas que les traían", manifestó en declaraciones a radio La Red.

Araoz de Lamadrid señaló además que Goycoechea era funcionario de una empresa multinacional y lo que hizo fue transmitirle la exigencia para que desde España le indicaran dónde tenía que buscar el dinero y entregarlo.

"No eran siempre los mismos montos, pero siempre se relacionaban a un espacio de campaña. Era una extorsión que hacían los funcionarios", insistió el abogado.

Por la tarde, en tanto, también fue detenido el ex director de Administración de Techint Héctor Alberto Zabaleta en su domicilio de Villa Urquiza: el ejecutivo será trasladado a Comodoro Py este martes para ser indagado por Bonadio como partícipe necesario de la asociación ilícita supuestamente dirigida por Néstor y Cristina Kirchner para cobrar coimas.

La ronda de indagatorias seguirá mañana cuando se espera la presencia del exjuez Norberto Oyarbide, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el empresario Raúl Vertúa y Carlos Alberto Rodríguez.

Un día después tendrán lugar las audiencias con los empresarios Néstor Otero -concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro- y Juan Carlos Lascurain -ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA)-, además del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex secretario privado del exministro Julio De Vido, José María Olazagasti.

El viernes será el turno del ex ministro De Vido; y el lunes 13 de la expresidenta Cristina de Kirchner.

Fuente: ámbito.com




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