POLÉMICOEnero 8, 2019

Cómo es el proyecto para bajar la imputabilidad a los 15

El borrador que impulsa el Gobierno nacional incluye, además de rebajar un año la edad, disposiciones especiales para evitar que los menores de edad desarrollen una “carrera delictual”.

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El borrador del texto que impulsa el Gobierno consta de 100 artículos distribuidos en 16 capítulos y un nexo que define las funciones de la Comisión de Implementación que se prevé poner en marcha tras la aprobación de la ley.

Aquí, los principales puntos:

El texto establece que el Sistema de Responsabilidad Juvenil se aplicará “a los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años al momento de la comisión del hecho”.

El régimen se aplicará solo a aquellos que cometieran “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”. Esto abarcaría, entonces, casos de homicidio, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego.

El proyecto incorporó, a pedido de algunas ON, la figura de una “Justicia especializada” y aclara que “el control de las medidas y la ejecución de las sanciones estarán a cargo de órganos con capacitación especializada en el trato con adolescentes”.

El texto aclara que “la privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible” y que los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”.

El borrador detalla además que el plazo máximo de prisión que se podrá imponer a adolescentes es de 15 años y que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua”.
Se incorporan también -siempre que la víctima lo apruebe y ante delitos menores- “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos”, como pueden ser la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo.

Además el juez tiene la potestad de imponer por un plazo máximo de 3 años “sanciones socioeducativas”. Ejemplo de ellas son: asistencia a programas de formación ciudadana, capacitación laboral, cultural y deportiva, o cumplir con un tratamiento médico o psicológico.
Prisiones preventivas

La iniciativa del Gobierno busca evitar que haya menores detenidos sin una condena. Por ello en su articulado señala que “la prisión preventiva no podrá exceder de un año”, aunque puede prorrogarse cada tres meses. En todos los casos, sin embargo, la víctima del hecho “tendrá derecho a expresar su opinión en cada instancia de revisión”.

En cuanto a las condiciones de esa detención, el artículo 49 prevé que sea “en un centro especializado”, donde los menores “desarrollarán actividades formativas, educativas, laborales y de ocio”. Asimismo, el nuevo régimen precisa -en el artículo 44- variantes a las sanciones privativas de la libertad: domiciliaria, prisión “sólo el fin de semana” y/o “en un centro abierto” de detención.

Prescripción

Uno de los artículos que más discusión genera es el 17, que aborda la prescripción de la acción de un hecho cometido por un menor. El plazo para los delitos más graves representa la mitad del plazo que para los menores: cinco años.

En tanto los menores de 15 años que cometan delitos seguirán siendo considerados inimputables, pero el Estado deberá prestarles “especial atención” para evitar que avancen en la carrera delictual.

Seguimiento y puesta en práctica

De aprobarse la ley, en caso de que el menor de 15 años resulte responsable de un hecho, que contemple una pena máxima superior a los diez años de prisión, un equipo interdisciplinario deberá definir cómo se seguirá la evolución de ese joven: ya sea con acuerdos restaurativos, programas de salud, tratamiento de adicciones en caso de que sea necesario o su derivación a organismos de protección de los niños, si es que por su contexto familiar así lo requiere. El juez deberá recibir un informe cada tres meses de la situación del chico




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