Cuando vamos a solicitar un crédito, un trabajo, tramitamos el pasaporte o una visa, quienes tienen la decisión de dárnoslo o no, buscan en distintos registros o bases de datos saber quiénes somos, y según sea el trámite que estamos haciendo, lo hará en aquel que contiene nuestro historial crediticio, antecedentes penales o contravencionales, según corresponda. Creo, nadie discute la necesidad de estos, ya que de alguna manera esos antecedentes nos identifican y dan respaldo a nuestras solicitudes, pero el problema está en quienes elaboran esa base de datos, si están autorizados e inscriptos, el contenido que incorporan, por y para qué, con quién y por qué la comparten, tratándose nada menos que de nuestros datos personales.
Entendemos por datos personales a toda información vinculada con una persona útil para identificarla (nombre, dirección, DNI, teléfono, historial crediticio etc.) y que solo le pertenecen a ella. Exclusivamente podrán registrarlos quienes estén inscriptos y autorizados para ello en el Registro de datos personales. Para su protección hay varias herramientas legales, incluso la constitución ha incorporado en forma expresa una que define como eficaz y rápida, conocida como Habeas Data.
¿Cómo, entonces protegerlos? Para saber si los registros que nos tienen incluidos están autorizados, podemos verificarlo en la página del Registro Nacional de Bases de Datos de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
Si quiero saber qué datos se encuentran asentados podemos solicitarlo, en primer término, directamente ante la Entidad pública o privada (organismo público, empresa, por ejemplo, Veraz) que nos tiene registrada, en la forma que nos quede prueba del pedido (correo electrónico, carta documento, carta notarial etc.), que, en el término de diez días, deberá en forma gratuita, darnos esa información.
Si el problema es que una empresa u organismo público aun cuando se encontrare debidamente autorizada posee datos erróneos, que tenemos una deuda, por ejemplo, que no existe o fue cancelada, podemos solicitar que los actualicen, rectifiquen o supriman. Mientras dure el proceso de verificación, debe bloquear los datos. El pedido se hace ante ese mismo organismo público, o empresa que posee tus datos y en este caso tienen 5 días hábiles para realizar la supresión, actualización o rectificación. En todos los casos si no obtenemos respuestas podemos hacer el reclamo ante la autoridad de control en la página de la Dirección nacional de protección de datos personales o realizar una acción judicial, de Habeas Data.
Habeas Data es una modalidad de amparo que se presenta ante un tribunal competente y que permite a toda persona acceder al conocimiento de qué datos propios constan en todo registros o bancos de datos públicos o privados pudiendo exigir su supresión, rectificación, actualización, confidencialidad, también a controlar a todo registro que contenga esos datos, si está habilitado en el el Registro Nacional de Bases de Datos.
La protección de nuestros datos personales encuentra su fundamento en una diversidad de derechos: a la intimidad, a la privacidad, a la autodeterminación informativa, al honor, a la voz, a la imagen, a la identidad personal, a la verdad, entre algunos. De allí la importancia de conocer cómo actuar frente a su ataque.
(*) Abogada, delegada provincial de la Asociación de Mujeres Jueces de
Argentina, juez de Paz letrada, integrante de la comisión directiva de Conciencia San Juan
Publicado en Nuevo Mundo, edición 196 del 17 de febrero de 2021
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