JUSTICIAFebrero 19, 2021

El delito en la pandemia

Por Julio Conte-Grand
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La pandemia derivada de la irrupción del covid 19 tuvo propagación y consecuentes efectos de carácter global.

Uno primario y elemental de naturaleza sanitario. Otro igualmente directo de orden conductual; mutaron ciertos comportamientos, hábitos virtuosos y también vicios.

Toda pandemia ha provocado a lo largo de la historia consecuencias en los rasgos constitutivos de los vínculos sociales.

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Como describiera el filósofo Leiser Madanes: “La inflamada autonomía de cada individuo, consciente de sí mismo, necesitado de actuar según su propio criterio, imposibilitado de seguir una norma que vaya más allá de su deseo privado e inmediato, se contagia de hombre a hombre como la peste. Y como la peste, sólo es capaz de destrucción”. (“La peste”, Deus Mortalis 2006).

Operan en sentido opuesto tensionando la convivencia un efecto individualista de supervivencia aislada netamente disolvente y el sentido comunitario propio de la naturaleza humana, esencialmente gregaria.

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En este marco, el análisis de política criminal hacía prever variaciones en las conductas delictivas. Se podía anticipar, en forma gruesa y algo lineal, un repliegue de los conocidos, no técnicamente, como delitos de calle y un incremento de los que se producen intramuros.

En efecto, ello sucedió, confirmándose una alteración en alza en los delitos intrafamiliares, y un aumento preliminar de los casos de violencia de género.

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Otra consecuencia, previsible y que se verificó efectivamente, fue el incremento de la violencia en la comisión de los delitos, ello por razones multicausales que impactaron en los sesgos motivacionales: confinamiento, falta de sociabilidad, dificultades en la realización de las actividades habituales, merma en los comportamientos económicos y consecuente caída de ingresos, tensiones individuales y grupales.

El aislamiento que la sociedad enfrentara durante el año 2020 produjo a su vez un cambio en los canales frecuentes de comunicación interpersonales, orientándose hacia los de naturaleza digital.

Por ende se generaron condiciones propicias para el incremento en los casos de delitos materializados en el entorno digital.

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Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires los delitos cometidos mediante la utilización de herramientas digitales crecieron un 94 por ciento desde el 20 de marzo de 2020, fecha de inicio del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Vale también esta comparación global correspondiente a la misma jurisdicción provincial: en 2019 se formalizaron 2734 causas por estos delitos y en 2020, el número se elevó a 5034. Es decir hubo un incremento del 84% interanual.

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Solo para tener una idea de magnitud, recordemos que la provincia de Buenos Aires tiene una población estimada de 17 millones habitantes, conforme una proyección no oficial de los datos proporcionados por el último censo de 2010. En forma gruesa representa cerca del 40% del total del País.

Al tiempo de la irrupción de la pandemia se evaluó cómo podrían ser las tendencias también en esta especie de delitos, contemplando asimismo lo que venía sucediendo en otros países, para reformular de ser necesario la estrategia de política criminal concerniente al Ministerio Público bonaerense. Ello así ante la certeza de que el nuevo estado de cosas favorecería la incursión en el medio digital y, consecuentemente, se vería facilitada la comisión de los delitos mediante la utilización de instrumentos digitales.

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En previsión de estas mutaciones se adoptaron diversas medidas en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, que valen como ejemplo. Se requirió a los responsables del Ministerio Público Fiscal en los diferentes departamentos judiciales que se implementaran acciones tendientes a adoptar medidas singulares adecuadas en la especie delictiva particular, se determinó una tarea especial de colaboración de la Policía Judicial (investigadores y equipos) dependiente de la Procuración General, y se resolvió encomendar a las áreas informáticas el asesoramiento y la provisión de informes específicos. Por lo demás, se resolvió que en todo proceso en el cual se investigara la presunta comisión de delitos informáticos que tuvieran como víctima a una persona menor de edad, con capacidad restringida o incapacidad, el agente fiscal a cargo de la investigación diera intervención inmediata, por los medios telemáticos disponibles, al Asesor de Incapaces y al Curador Oficial zonal, en caso de que la persona se encontrase bajo su apoyo o curatela.

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En tanto se fueron flexibilizando las medidas vinculadas al confinamiento las curvas estadísticas fueron recuperando su tendencia y retomando niveles previos.

La adopción oportuna de las medidas de política criminal permitió enfrentar las oscilaciones en los índices delictivos, morigerar de algún modo las consecuencias no deseadas de las medidas adoptadas por la pandemia y atender adecuadamente los requerimientos investigativos para abordar en tiempo oportuno las exigencias de política criminal en el tránsito hacia la denominada nueva normalidad.

Fuente: publicado en Nuevo Mundo, edición 198 del 19 de febrero de 2021




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