A medida que pasan los meses, que Flagrancia sigue demostrando eficiencia y que el delito avanza,  en San Juan el reclamo de la necesidad de un nuevo Código de Procedimiento Penal sigue sumando adeptos. Si bien el anteproyecto redactado por una comisión especial ya vio la luz y en noviembre del año pasado fue entregado al Poder Ejecutivo, ahora depende del poder político darle celeridad para que sea ley en la Cámara de Diputados de la provincia.

El efecto “flagrancia” fue clave para acelerar los tiempos, sistema que en la última sesión extraordinaria de la Cámara ya se extendió a la Segunda Circunscripción Judicial que conforman Jáchal e Iglesia. De todos modos hay un punto que está pendiente para ser incorporado: el narcomenudeo.

Precisamente éste es uno de los temas que desvela a los jueces penales. Es que con el actual sistema penal, imprimirle celeridad a un detenido por venta de porros es una utopía, solo podría lograrse con un nuevo Código o permitiendo que ese delito pase a órbita de Flagrancia.

Ahora el anteproyecto está en manos del ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, quien  se prepara para enviarlo a la Legislatura apenas se inicie el período de sesiones ordinarias, en abril próximo. Mientras tanto ya hay reuniones para retocar el borrador original e introducirle algunas mejoras.

La Justicia Federal  no ve mal que el narcomenudeo pase a la justicia provincial, con lo que ellos se dedicarían a investigar hechos de droga con cantidades importantes.

Si hay dos personas interesadas en agilizar la aprobación  del nuevo Código de Procedimiento Penal y ponerlo en marcha, son Baistrocchi  y el fiscal general, Eduardo Quattropani. Pero además hay una deuda de la justicia con la sociedad. Es que varios casos de personas a quienes se las acusan de hechos graves, recuperaron la libertad porque venció el plazo que, según la ley, pueden permanecer con prisión preventiva: dos años.

Casos resonantes

Caso Graffigna

A Santiago Graffigna, el principal sospechoso en la megacausa de las expropiaciones millonarias, le dictaron la prisión preventiva y pasó detenido dos años. Al vencerse el plazo, se le prorrogó un año más por la complejidad de la causa. También el plazo se venció sin que la causa fuese elevada a juicio siquiera y el abogado quedó libre, aunque se mantiene sobre su persona.

El caso del bodeguero

Carlos García Pareja fue denunciado por su exesposa de graves delitos contra la integridad sexual en perjuicio de su propio hijo. Pese a los intentos de la defensa por obtener la excarcelación, no fue posible. Ahora, García Pareja recuperó la libertad hace pocos días porque se cumplieron los dos años de prisión, no había juicio desarrollándose y no se trata de una causa compleja, razón por la cual no se pudo prorrogar la prisión por un año más.

El caso del minero

Alfredo Villegas estaba acusado de haber abusado de sus hijos, pero como pasó detenido tres años y no pudo hacerse el juicio, razón por la que la misma justicia que lo detuvo, debió liberarlo. Como dato ilustrativo, basta decir que los jueces de la Sala 2 se tardaron siete meses para una apelación sobre el procesamiento, una demora que resultó en beneficio de la excarcelación de Villegas.

Otros casos de morosidad del sistema

Pero la morosidad no solo afecta a quienes están detenidos. Hay numerosos casos en los que, pese a que los acusados no están privados de la libertad, de igual modo el juicio demora.

Caso estafa con viviendas

Muchas páginas policiales por estafa con viviendas del IPV se han escrito, pero hay una que sobresalió por la cantidad de damnificados. El caso del Movimiento Agropecuario Sanjuanino salió a la luz en abril del 2010. Los que denunciaron fueron 208 personas, pero se estima que el número de estafados fue mayor. El  monto de la supuesta estafa era millonario. El expediente ingresó a la Sala encargada de llevar adelante el juicio en el año 2013. Este año prescribe.

Otra estafadora con casas del IPV

Se llama María Laura Carrizo, vive en el barrio Capitán Lazo y estafó a casi 100 personas de diferentes departamentos de San Juan. Es reincidente, nuevamente la investiga la Policía y desde las redes sociales piden tener cuidado al realizar una operación con ella. En abril del año pasado, la mujer de 37 años ya había pisado la comisaría acusada de estafar a más de 50 familias, 30 de ellas cauceteras. Fue el propio interventor del IPV, Juan Pablo Notario, quien advirtió nuevamente una maniobra fraudulenta, ahora de la mano de un cómplice, de nombre Sergio Illanes. Habría 50 nuevos damnificados. Todavía no hay fecha de juicio y la mujer está en libertad porque el delito es excarcelable.