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2023-01-10 21:04:29

Justicia brasileña pide bloquear cuentas de Bolsonaro

El pedido incluye también al suspendido gobernador de Brasilia, Rocha, y el exsecretario de Seguridad del Distrito Federal (DF), Torres.

"Cuando veo que la prensa me ataca, diciendo que compré 2 millones y medio de latas de leche condensada (le digo) váyanse a la puta que los parió. Esa prensa de mierda. Esas latas son para metérselas, a ustedes de la prensa, en el trasero", dijo Bolsonaro

El intento de Golpe de Estado en Brasil continúa siendo investigado. Ahora el Ministerio Público del mencionado país le pidió al Tribunal de Cuentas (TCU) que bloquee los activos del expresidente, Jair Bolsonaro. El pedido incluye también al suspendido gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y el exsecretario de Seguridad del Distrito Federal (DF) Anderson Torres.

La solicitud del fiscal Lucas Rocha Furtado impulsa el proceso abierto por el TCU a petición del propio Ministerio Público para que el Tribunal ayude a identificar a los responsables de financiar, idear y ejecutar actos terroristas, así como a los funcionarios públicos que incumplieron sus deberes, recogió el portal de noticias G1, del grupo O Globo.

Los disturbios en Brasil_ReutersViolentas imágenes en Brasilia. Foto: REUTERS.

El Ministerio Público busca que con la solicitud se garanticen los recursos para cualquier indemnización pública, en el caso de que los funcionarios sean condenados.

Rocha Furtado, fiscal general adjunto del Ministerio Público, fue el encargado de enviar el pedido al TCU.

Otras solicitudes y posibles castigos

Además del bloqueo de los bienes de Bolsonaro, Rocha y Torres, el fiscal solicitó la misma inmovilización para "otros responsables, especialmente los que financiaron los citados actos ilícitos".

El TCU es un tribunal previsto en la Constitución de Brasil para ejercer el control contable, financiero, presupuestario, operativo y patrimonial de la nación y de los entes de administración.

Disturbios en Brasil_ReutersGraves incidentes en Brasil. Foto: REUTERS.

Además, asiste al Congreso Nacional en la planificación fiscal y presupuestaria anual.

Si el tribunal detecta la participación directa o indirecta de agentes públicos en actos nocivos, se los puede condenar al pago de una multa e incluso a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de hasta 8 años.