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2021-12-10 20:38:17

Tensión entre privacidad y derecho a informar

Ion Tiriac

Por Julio Conte-Grand
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Ion Tiriac es un ciudadano rumano residente en Montecarlo (Mónaco), ex tenista y Presidente del Comité Olímpico Rumano, fue manager y entrenador de Guillermo Vilas durante varios años, y está considerado como una de las personas más ricas de Rumania.

En 2010, se publicó en el periódico nacional Financiarul un artículo titulado "Quince multimillonarios y sus deudas de 250 millones de euros con el estado - La receta del éxito empresarial está garantizada, cuando las empresas se financian con fondos públicos o cuando no se pagan impuestos.

 

El artículo trataba de las deudas que mantenían con el Estado las 15 personas más ricas de Rumania, e incluía una foto de Tiriac. Según el artículo, sólo dos personas de la lista tenían una deuda mayor que la de Tiriac.

En la nota se afirmaba que la fortuna de Tiriac, de unos 900 millones de euros, era "insuficiente para cubrir los agujeros (dejados) en el (presupuesto) del Estado por su participación (...)” en una empresa que debería al Estado 5.586.833 leu (moneda oficial rumana, conocida en el lenguaje bancario, con el nombre de Ron, para no confundirse con el antiguo leu, y que cotiza a razón de una unidad de leu el equivalente a 0,20 euros). Otra deuda de las empresas en las que participa Ion Tiriac sería de 312.637. A estas deudas, refiere el periódico, se sumarían otras, sugiriéndose en la nota que la Agencia Tributaria de Rumania estaba "contando las deudas de las empresas cerradas (mientras) los millonarios (contaban) el dinero en sus cuentas personales en el extranjero".

Adicionalmente, se sostenía que “no solo no pagaban sus deudas con el Estado, sino que también una gran mayoría de los empresarios (estaban) directamente vinculados a los contratos públicos".


Tiriac promovió acciones legales contra el periodista y la empresa titular del periódico, afirmando que el artículo había sido difamatorio para él y para las empresas en las que participaba, y reclamó una indemnización por daño moral, argumentando que el artículo había vulnerado sus derechos a la imagen, al honor y la dignidad personal. 

Destacó que el autor de la nota no había proporcionado información clara y precisa al lector, puntualizando las que consideraba numerosas falsedades alegadas en el artículo, refutando muchas de las acusaciones de argucias financieras que él habría llevado a cabo.

 

Los tribunales rumanos, en tres instancias, sucesivamente, desestimaron el reclamo considerando que el artículo periodístico representaba un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, entendiendo asimismo que no se había vulnerado el equilibrio entre el derecho a la intimidad de un individuo y el derecho a la libertad de expresión de un periodista.

Planteado un recurso ante la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), finalmente esta consideró, por mayoría, que no se había violado el artículo 8 (derecho al respeto de la  vida privada y familiar) de la Convención Europea de Derechos Humanos.

 

En este sentido, la CEDH estimó que atento a que el artículo era una mezcla de juicios de valor y declaraciones de hecho, no habiendo tenido ningún efecto negativo perceptible en la vida del demandante, y que no había sido escrito de mala fe, la decisión de los tribunales nacionales en favor del periodista y de la publicación, resultaban conforme a la Convención.

Consideró la CEDH que en virtud de que el artículo se refería a las actividades y prácticas empresariales de algunos de los rumanos más ricos y su efecto en el sistema de recaudación de impuestos públicos, el tema y la nota tenían interés público. La CEDH Coincidió con los tribunales nacionales en cuanto a que la publicación no afectaba la vida privada de Ion Tiriac, ya que aludía a sus actividades profesionales sin referirlas de modo exclusivo.

 

De otro lado, en nuestro País, el ordenamiento jurídico civil tutela la vida privada o intimidad centralmente en el art. 1770 del Código Civil y Comercial, que, bajo el título de “Protección de la vida privada”, dice: “El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida es procedente para una adecuada reparación”.

 

El esquema de resguardo de la esfera de intimidad o privacidad de las personas se sustenta, según la norma, en los siguientes extremos:

a) Una intromisión. Es decir, el ingreso de alguien a un ámbito que no le es el propio.

b) La intromisión debe ser en la vida de otra persona. Lo que en rigor literal puede ser considerado una redundancia, pero parece atinado atento a que la norma pone la exigencia de que el ingreso o introducción lo sea en la vida ajena.

c) La intromisión debe ser arbitraria. Lo que implica que la intromisión debe ser sin fundamento jurídico, carente de derecho, y a su vez obrada intencionalmente.

d) La mortificación de las costumbres o sentimientos de alguien, o la perturbación de cualquier forma de su intimidad. Consecuencias que pueden producirse por distintas vías, algunas de las cuales, solo en modo ejemplificativo, describe la propia norma: publicación de retratos o difusión de correspondencia.

 

Ante la concurrencia de estas circunstancias puede requerirse que se obligue a cesar estas actividades, si es que al tiempo del planteo no han cesado ya.

Asimismo, debe abonarse al agraviado una indemnización cuya cuantía será determinada por el juez interviniente, en consideración a las circunstancias del caso, relevando “al afectado de producir la prueba del daño —diferencia perjudicial para la víctima entre su situación antes de sufrir el hecho ilícito y después del mismo—, porque por su índole a semejanza de quien impetra la reparación del agravio moral, queda establecido por la sola realización del hecho dañoso”.

 

Con el objetivo de una reparación adecuada, la norma habilita la eventual publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar. La intención del precepto en este punto es manifiesta: conseguir que se tome conocimiento de la situación en el ámbito en el que desenvuelve su vida el agraviado.

Este derecho a la privacidad e intimidad tiene fundamento primario asimismo en Tratados Internacionales y, puntualmente, en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que, como ha sostenido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, “se encuentra relacionado en forma directa con la libertad individual y tiende a la protección jurídica de los ámbitos de autonomía individual de la persona, integrados por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, y la salud mental y física ”, su integridad corporal y la imagen. Todos estos ámbitos de resguardo remiten, en última instancia, a la protección irrestricta de la dignidad de la persona.

(*) Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires

Fuente: publicado en Nuevo Mundo, edición 400 del 10 de diciembre de 2021