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2022-05-23 11:08:26

El derecho a un medio ambiente sano se respalda en el derecho a la vida y a la salud

“Con especial referencia al agua, se afirmó que el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento es indispensable para que la población pueda gozar de buena salud y prevenir enfermedad”

Por Julio Conte-Grand
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En 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que en la aglomeración de París se habían superado los valores límite de dióxido de nitrógeno a partir del año 2010 cuando pasaron a ser obligatorios. Por su lado, el Consejo de Estado francés comprobó que esos valores límite se habían superado de manera persistente en París hasta el año 2020 y que los valores límite de PM10 (partículas) se habían superado hasta 2018 y 2019.


Un habitante de la aglomeración de París demandó al Estado francés reclamando el pago de una indemnización del orden de los 21 millones de euros, aduciendo que no se había controlado adecuadamente el cumplimiento de los niveles máximos de dióxido de nitrógeno, aplicables por igual en toda la Unión Europea (UE), y que por tal razón se había visto deteriorada su salud.


Al tomar intervención, el Tribunal de Apelación de lo Contencioso-Administrativo de Versalles decidió plantear ante el TJUE la cuestión de si los particulares pueden reclamar al Estado un resarcimiento por los daños a su salud causados por el incumplimiento de los valores límite de la UE y, en tal caso, bajo qué condiciones y alcance puede habilitarse tal reclamo.


En esa instancia se consultó a la Abogada General, quien afirmó, en dictamen no vinculante, que los valores límite establecidos en las Directivas de la Unión para los contaminantes en el aire ambiente y las obligaciones de mejora de la calidad del aire, se orientaban a proteger la salud humana y tienen por objeto conferir derechos a los particulares, concluyendo que bien pueden fundamentar un derecho de indemnización por parte del Estado, a cuyo fin era necesario verificar la concurrencia de los requisitos comunes exigibles para que se materialice la responsabilidad del Estado por los daños que se le pueden atribuir, causados a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión.


Destacó la Abogada General que debe entenderse que la violación comprende todos los períodos durante los cuales se han superado los valores límite vigentes sin que se dispusiera de un plan de mejora de la calidad del aire que no presentase deficiencias manifiestas, y que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales hacer esta comprobación.


Se pone de manifiesto en el dictamen que los reclamantes deben acreditar una relación de causalidad directa entre la violación de las normas relativas a la calidad del aire y los daños concretos a la salud, demostrando que durante un período suficientemente prolongado (conforme lo determinen expertos), ha permanecido en un entorno en que se hayan superado de forma clara los valores límite que impone el Derecho de la Unión para la calidad del aire ambiente.


Finalmente, resalta la Abogada General que el Estado miembro puede evitar su responsabilidad acreditando que los valores límite se habrían superado aunque hubiese elaborado en tiempo oportuno unos planes de calidad del aire que satisficieran las exigencias de las normas establecidas.


En la jurisprudencia de la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se registran numerosos dictámenes relativos al derecho a un medio ambiente sano, entendido este como corolario del derecho a la vida y la salud, en los que el Organismo ha vertido valiosas líneas directrices.


A título de ejemplo, en el dictamen recaído en el expte. N° A- 74.951, in re “Pereyra Germán y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) S/ Amparo”, la Procuración en el marco de una acción de amparo promovida por usuarios domiciliados en la provincia de Buenos Aires, por sí y en representación de todos los usuarios de ABSA de la Ciudad de Dolores, afectados por el deficiente servicio de agua potable, brindado por la empresa proveedora y la provincia de Buenos Aires, ha destacado la legitimación del Ministerio Público para intervenir en cuestiones relativas a la defensa de intereses de carácter colectivo y a la protección del orden público y de la ley, como así en resguardo del debido proceso en el que se encuentran involucrados derechos de incidencia colectiva como los generados por la cuestiones ambientales.


Ha enfatizado en tal sentido la necesidad de completar el concepto iusprivatista, caracterizado por la acreditación de un daño individual resarcible, con una concepción de carácter colectivo, que no solo atiende a la reparación del daño invocado por un particular sino que persigue proteger los intereses legítimos de una innumerable y a veces indeterminable cantidad de perjudicados, garantizando la tutela judicial efectiva de aquellos que no pudieran acceder a la Administración de justicia.


En ese marco, ha resaltado que con la expresa incorporación a la Constitución de los derechos humanos de tercera generación o de incidencia colectiva, se reconoce directamente la legitimación para interponer acciones de amparo en causas concernientes al medio ambiente, tanto al afectado como al defensor del pueblo como a las asociaciones que tienden a esos fines, sin desconocer la posibilidad de que existan afectados particulares de resultas de haber sufrido un daño directo en sus personas o en sus patrimonios.


En esa línea, con especial referencia al agua, se afirmó que el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento es indispensable para que la población pueda gozar de buena salud y prevenir enfermedades, así como para contar con un medio ambiente saludable y que por tanto resulta un derecho humano imprescindible para llevar una vida saludable, que respete la dignidad humana, requiriéndose para su protección la promoción de acciones positivas por parte del Estado.


También se ha destacado que nuestro país ha establecido compromisos internacionales en lo que se refiere a los deberes del Estado para con el cuidado del ambiente. Así, el Protocolo Adicional a la “Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, sociales y culturales”, denominado “Protocolo de San Salvador”, que fuera ratificado por Argentina, por la ley 24.658, cuyo artículo 11 expresa que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos”.


Desde esa perspectiva ha calificado al derecho al agua como un “derecho humano básico”.


En otro dictamen, recaído en el expte. N° A-75.051, la Procuración General, "Goycochea Rosa Margarita c/Griguoli de Campana María I. s/amparo”, vinculado con los daños producidos por el esparcimiento de grandes e indeterminadas cantidades de diversos tipos de agroquímicos tóxicos al ambiente, sobre lugares aledaños a zonas urbanas, escuelas y cursos de agua, dañando así al ambiente y poniendo en riesgo la salud con incidencia colectiva, la Procuración General bonaerense también ha afirmado la íntima relación entre el derecho a la salud y el derecho a la vida, considerado este como el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y protegido constitucionalmente a nivel local, nacional, e internacional, donde la persona es el centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- es inviolable, y constituye un valor fundamental.


Con referencia a la cuestión ambiental y a los órganos estatales competentes para su preservación, ha observado que si bien los municipios poseen una necesaria inmediatez con la problemática local y con su solución, la acción municipal aislada a veces resulta insuficiente en determinadas cuestiones ambientales que tornan necesario un federalismo de concertación

La Procuración bonaerense ha enmarcado el derecho al ambiente y a la salud en el derecho a la vida, y recordado, en tal sentido, que la vida es el primer derecho de la persona humana reconocido y protegido por la Ley Fundamental, y que, en tanto eje y centro de todo el sistema jurídico, es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los demás tienen siempre carácter instrumental.

(*) Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires


Fuente: Nuevo Mundo, edición 492 del 20 de mayo de 2022