Distintos ámbitos de la vida social han adoptado instrumentos y sistemas tecnológicos de naturaleza específica, adecuados a las características propias de la actividad de que se trate.

Así, por ejemplo, se habla de fintech (derivado del inglés financial technology), para aludir al sector constituido por empresas que utilizan la tecnología para optimizar y automatizar los servicios y procesos financieros. Se trata de diferentes herramientas y aplicaciones utilizadas para mejorar las prestaciones bancarias, financieras o de seguros.

Las empresas denominadas fintech son, en definitiva, organizaciones financieras que aplican nuevas tecnologías para la realización de actos jurídicos vinculados a la utilización del dinero, que pueden agruparse en cuatro áreas básicas, herramientas de operación y medios de pago, conocimiento del cliente y big data, seguridad e identificación de personas, y dinero electrónico.

Las fintechs han sido clasificadas, asimismo, según los servicios principales que ofrecen los bancos, en cuentas y pagos (paytechs), inversión, financiación, servicios y herramientas, seguros (insurtechs), y servicios inmobiliarios (proptechs).

Bussines Tech, de otro lado, es la denominación con la que se hace referencia a todos los instrumentos tecnológicos aplicados a dotar de soporte eficiente a la generación y desarrollo de negocios, desde su planificación, etapas de negociación y ejecución.

También la prestación del servicio de justicia ha sido impactada por las nuevas tecnologías, buscando favorecer el acceso a la justicia, la solución oportuna de los conflictos, la transparencia, la seguridad y la confianza, como algunos de los objetivos prioritarios.
En el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (MPBA) se han desarrollado e implementado distintas soluciones en materia tecnológica, tendientes a incrementar la eficiencia del servicio de justicia mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Se parte de la convicción de que una justicia moderna, con altos estándares de transparencia, que ordena su servicio en torno al ciudadano, genera mayores niveles de confianza en la sociedad.
Bajo este parámetro, por ejemplo, se ha gestado el proyecto CRM del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, en dos variantes preliminares, vinculadas a Centros de Asistencia a las Víctimas (CRM del CAV) y a Unidades Fiscales (CRM de las UFIS).
Cabe aclarar, que un CRM, iniciales de "Customer Relationship Management" (gestión de relaciones con los clientes), es un concepto que alude a un conjunto de prácticas, estrategias de negocio y tecnologías aplicadas en el ámbito privado para mejorar la relación entre la empresa y su cliente, siendo estos vínculos, en el caso del sector público, entre las distintas organizaciones y el ciudadano.

El CRM del CAV se implementó en el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora a partir de una encuesta de calidad efectuada a 2.450 víctimas o denunciantes que refirieron desconocer el estado de avance de su denuncia, sus derechos y la existencia del Centro de Asistencia a las Víctimas (CAV) en esa jurisdicción. El CRM del CAV se desarrolló inicialmente en Lomas de Zamora en abril de 2021, y entre mayo y junio de dicho de año, se extendió a toda la Provincia. La asistencia canalizada a través de la presente herramienta alcanza a las víctimas de abuso sexual y familiares o allegados de menores de edad ante una averiguación de paradero.

Una vez recibida la denuncia penal, el sistema envía un mail automático a la víctima con una presentación del CAV, el nombre del funcionario responsable del seguimiento del caso y datos de contacto. Adicionalmente, cuando la fiscalía genera un acto procesal relevante, el CAV recibe un correo con la novedad y se invita a la víctima a contactarse con el Centro para anoticiarla sobre la misma.

Por otra parte, la Subsecretaría de Informática de la Procuración General del MPBA desarrolló un sistema de gestión que utilizan los operadores para tramitar la investigación penal preparatoria, denominado Sistema Informático del Ministerio Público Penal (SIMP Penal). Inicialmente, se centró en el fortalecimiento del servicio prestado por las fiscalías; de allí la denominación de CRM de las UFIS.

En primer lugar, ante la recepción de una denuncia penal o de un acta de procedimiento policial, el sistema envía un correo electrónico automático dirigido a la víctima confirmando su recepción y suministrando información sobre el proceso (número de proceso penal, órganos judiciales intervinientes, derechos que le asisten a la víctima y datos de contacto para facilitar el acceso a justicia). Igual temperamento se adopta cuando el mail se carga posteriormente.

Una vez ingresado el sumario policial en el SIMP Penal, el sistema dispara un correo automático invitando a la víctima a aportar todo dato de interés sobre la investigación. Cuando se registra una resolución de archivo o desestimación de la Investigación Penal Preparatoria, el usuario también puede comunicar la medida mediante este mecanismo.

Otro caso de aplicación de nuevas tecnologías en conexión con la prestación del servicio de justicia, es el aplicativo web Mi Seguridad (MiSeg), diseñado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que permite facilitar el acceso a la justicia mediante la incorporación de un canal online para realizar denuncias penales desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Las denuncias son inmediatamente recibidas por el fiscal competente sin necesidad de que el ciudadano se presente personalmente ante una comisaría. Ello es posible gracias a la integración entre el mencionado aplicativo y el Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP), que fue materializada tras la firma del Convenio Específico celebrado entre ambos organismos el 15 de junio de 2017.

Los delitos penales susceptibles de ser denunciados a través de la aplicación son el   robo o hurto, la corrupción policial, el narcotráfico, los delitos contra la integridad sexual, la violencia familiar o de género, el juego clandestino o las apuestas ilegales, robo de celular, picadas ilegales y daños. En cada caso, los formularios digitales de denuncia han sido diseñados con la asistencia técnica del MPBA, a fin de extraer la mayor cantidad de información relevante para practicar la investigación criminal y garantizar la tutela judicial efectiva.

Mediante Resolución PG N.° 416/17, se estableció que las denuncias formuladas a través de este mecanismo deberán ser ratificadas dentro de los cinco días hábiles de efectuadas. De lo contrario, el fiscal interviniente podrá archivarlas por falta de ratificación. A su vez, se dispuso que los reportes o denuncias anónimas que se realicen a través de MiSeg sean considerados notitia criminis y, por lo tanto, el fiscal interviniente estará habilitado para actuar de oficio de acuerdo a la verosimilitud, seriedad y gravedad de los hechos allí informados. 
Posteriormente, en el marco de una reforma legislativa, se dictó la Resolución P.G. N° 99/19 con el objetivo de promover, apoyar, acompañar y fortalecer los procesos y proyectos de asistencia y acompañamiento de aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

En lo pertinente, la resolución sentó una excepción al principio de la ratificación de las denuncias penales realizadas a través de la App MiSeg respecto de las acciones públicas dependientes de instancia privada que surgen de ciertos delitos contra la integridad sexual, cuando la víctima sea menor de 18 años de edad o declarada incapaz, en los que el agente fiscal deberá proceder de oficio de acuerdo a la verosimilitud, seriedad y gravedad de los hechos informados en la denuncia.
Son algunos de los diversos supuestos de utilización de nuevas tecnologías en la prestación del servicio de justicia, con manifiesto beneficio al resguardo de los derechos y garantías de las personas.

(*) Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fuente: Nuevo Mundo, edición 496 del 27 de mayo de 2022