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2022-06-13 19:53:30

Cláusulas abusivas en contratos de consumo

“Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social (art. 1093)”.

Por Julio Conte-Grand
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La situación que se enfrenta en caso de cláusulas abusivas incorporadas en contratos de consumo, ha sido objeto de análisis por la jurisprudencia nacional e internacional en forma recurrente.
Según el Código Civil y Comercial (CCyC), “contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social (art. 1093)”.

En nuestro sistema jurídico, en los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, se deben tener por no escritas: “a) las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente; b) las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias; c) las que por su contenido, redacción o presentación, no son razonablemente previsibles” (artículo 988 CCyC).
Por lo demás, incluso en caso de aprobación administrativa de las cláusulas generales se habilita el control judicial de las cláusulas abusivas (art. 989 CCyC).

Este control se rige por lo que disponga la ley especial (por ejemplo, la ley de defensa del consumidor) y por las siguientes reglas establecidas en el art. 1122 CCyC : “a) la aprobación administrativa de los contratos o de sus cláusulas no obsta al control; b) las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas; c) si el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, si no puede subsistir sin comprometer su finalidad; d) cuando se prueba una situación jurídica abusiva derivada de contratos conexos, el juez debe aplicar lo dispuesto en el artículo 1075”, es decir, evaluar posibles excepciones de incumplimiento planteadas por un contratante ante inejecuciones producidas en otros contratos conexos y, asimismo, casos de frustración de la finalidad económica común.
La Procuración General (PG) del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (MPBA), ha emitido múltiples dictámenes sobre la materia del derecho de los consumidores, en el ámbito de la competencia propia en materias no penales, y, en particular, en lo atinente a las cláusulas abusivas incluidas en contratos de consumo.

En el Dictamen C 122.588 de fecha 28 febrero de 2020, la PG recomendó acoger positivamente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley deducido por el accionante. En esa oportunidad, se sostuvo que no resultaba oponible el límite de la cobertura opuesto por una compañía aseguradora tanto al asegurado como a la víctima del siniestro, por resultar violatoria del deber de reparación integral, y por resultar la cláusula ostensiblemente irrazonable y abusiva, desnaturalizando la finalidad del seguro obligatorio. 

El recurso había sido planteado contra la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza, por la cual se había confirmado la resolución que acotaba la condena a los límites de cobertura fijados en el contrato con la aseguradora, y que consideraba oponibles a los terceros damnificados los límites de la franquicia prevista en el contrato de seguro celebrado entre la aseguradora y el asegurado al declarar que  la sentencia no podía  ser ejecutada contra la compañía más allá de los límites de la contratación.  

En el Dictamen C 124.698 de fecha 23 de agosto de 2021, la PG  aconsejó desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por una Compañía de Seguros contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul, que había hecho lugar a la demanda promovida contra esta y que había considerado abusiva la cláusula del contrato, por la que se establecía un  mecanismo de cálculo para determinar  el monto de reintegro de las sumas abonadas por la actora en concepto de cuota pura. 

En este sentido, el tribunal de alzada cuya sentencia fue objeto del recurso extraordinario que motivó la intervención de la PG había señalado: "debe declararse abusivo y por lo tanto inválido o no escrito o no convenido (art. 985 y concs. CCCN) el mecanismo de cálculo de reintegro de la suma pagada por el adherente, previsto en los arts. 13 y concs. del contrato, por resultar vulneratorio de los derechos de la actora”, debiéndose, en consecuencia, "integrar el contrato, conforme un procedimiento razonable y equitativo que respete la equivalencia de las prestaciones negociales y el sinalagma funcional del contrato (art. 989 CCCN)". 

La compañía aseguradora, al recurrir la aludida sentencia, se agravió por considerar que la cláusula tachada de abusiva se adecuaba a los términos del artículo 25 de la Resolución General n.° 8 dictada por la Inspección General de Justicia de la Nación. Sin embargo, la PG consideró que el agravio resultaba inatendible, en tanto, la declaración de abusividad recaída en el fallo había sido el resultado del control judicial ejercido por los sentenciantes de grado con el respaldo normativo que los arts. 984 a 989 y 1122 del ordenamiento civil sustantivo ofrece, aun cuando la disposición contractual afectada por dicha patología contara  con aprobación administrativa. 

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el 17 de mayo de 2022, cuatro sentencias en sendas causas acumuladas, en el marco de remisiones prejudiciales (consultas de tribunales nacionales al TJUE, quien emite opiniones vinculantes para todos los tribunales de esa Nación), presentadas por unos órganos jurisdiccionales españoles, uno italiano y uno rumano, sobre cómo armonizar el principio de tutela judicial efectiva (principio de efectividad) para anular cláusulas abusivas y proteger a los consumidores.

En sus pronunciamientos, el TJUE recuerda que el sistema de protección que  establece la Directiva 93/13 (sobre cláusulas abusivas incorporadas en los contratos celebrados con  consumidores), se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de  inferioridad, tanto en lo relativo a la capacidad de negociación como al  nivel de información. Habida cuenta de esta situación de inferioridad, la Directiva 93/13 prevé que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor, ello con la finalidad de reemplazar el equilibrio formal del contrato por un equilibrio real que implique una tutela concreta del consumidor. 
En segundo lugar, el Tribunal señala que el juez nacional deberá apreciar de oficio, es decir sin necesaria petición de parte, el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva  93/13, aun en el marco de un juicio ejecutivo, y que los Estados miembros están obligados a establecer medios adecuados y eficaces de protección del consumidor, en tanto los
principios procesales nacionales no pueden ser un obstáculo para los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables.

Observa el Tribunal, además, que el principio de efectividad exige un control eficaz del carácter potencialmente abusivo de las  cláusulas.

Ciertamente, tanto la legislación como la jurisprudencia, han hecho mérito de la necesidad de resguardar el equilibrio contractual y de proteger los derechos de los consumidores.


(*) Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires



Fuente: Nuevo Mundo, edición 506 del 10 de junio de 2022