ÚLTIMO MOMENTO
  • El primer matrimonio del poblado
  • Pismanta, las lágrimas de un cacique
  • 456 años de la fundación de San Juan
  • San Juan antes de la llegada de los españoles
  • La época patria - Suplemento especial

logo

2022-07-04 10:56:45

Otra vez sobre el presunto conflicto entre derechos

Por Julio Conte-Grand
Ver más artículos de este autor

En fecha 24 de mayo pasado, la Corte Europea de Derechos del Hombre (CEDH) dictó sentencia en la causa “Pretorian contra Rumania”, disponiendo que la condena civil de un editor por la publicación de dos artículos que agravian el derecho a la vida privada de un político, no viola el art. 10 de la Convención Europea de Derechos del Hombre (la Convención), atinente a la libertad de expresión.

Cosmin-Adrian Pretorian, es una persona de nacionalidad rumana, nacido en 1976 y residente en Craiova

El semanario regional Indiscret în Oltenia, publicó el 9 de abril de 2014 un artículo con la firma de Pretorian, Jefe de Redacción del semanario, sobre el Sr. H.B., conocido político local, expresidente de la rama local del Partido Liberal, miembro del Parlamento rumano, quien había sido asesor en varios ministerios, incluido el de Transportes, y tras dejar este último cargo, había solicitado su reincorporación a la rama local del Partido Liberal.

El artículo, que estaba acompañado de la foto de H.B., se titulaba "¡Hola! ¿La perrera? ¡Atrapa al perro callejero liberal!, y fue publicado en la edición en línea y en formato papel del periódico.

El Sr. H.B. solicitó ejercer su derecho de réplica, el que fue concedido por el periódico publicando una carta de H.B. en la edición del 30 de abril de 2014.
En el mismo número y en la misma página, el Sr. Pretorian escribió un segundo artículo titulado "¡Piérdete, Su majestad B.!", que también se publicó en la edición en línea del periódico.
En virtud de estas publicaciones, H.B. presentó una demanda civil por difamación ante el tribunal  de primera instancia del distrito de Craiova, el que, a su turno, hizo lugar parcialmente a la demanda condenando al resarcimiento del daño moral, considerando que el demandado había emitido juicios de valor, carentes de base fáctica y que había utilizado un lenguaje grosero, además sin fundamento, por lo que las declaraciones no se encontraban amparadas por la garantía del artículo 10 (libertad de expresión) de la Convención Europea de Derechos Humanos. También ordenó la publicación de la decisión en el periódico en cuestión.


Pretorian apeló el fallo, el Tribunal Departamental de Dolj desestimó el recurso, y la cuestión fue llevada a consideración de la CEDH por el apelante, quien, invocando  el recordado artículo 10 de la Convención Europea de  Derechos Humanos, alegó que los tribunales nacionales habían infringido su derecho a la libertad de expresión al condenarlo.
El Tribunal europeo validó las decisiones de los tribunales locales. A este fin, evaluó la proporcionalidad de la reparación establecida, considerando que no resultaba irrazonable, era moderada y no tenía un efecto efectivamente disuasorio sobre el  ejercicio de la libertad de expresión. Consideró que, teniendo en miras las severas críticas volcadas en los artículos, el ataque a H.B. había alcanzado el umbral de gravedad exigido para la aplicación del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) de la Convención.

En conclusión, la CEDH consideró que los órganos jurisdiccionales internos habían realizado una ponderación de las competencias y derechos de acuerdo con los criterios establecidos por su jurisprudencia, observado que estas jurisdicciones habían presentado motivos pertinentes y suficientes para determinar que la sanción aplicada al demandante era necesaria en una sociedad democrática y que existía una relación razonable de proporcionalidad entre la sanción y el objetivo legítimo perseguido.

En el centro del análisis emerge la cuestión del supuesto conflicto entre derechos subjetivos, potestades o prerrogativas, asunto sobre el que ha reflexionado la doctrina calificada y los tribunales en diversos casos. En concreto, una puja aparente entre derecho a la libertad de expresión y derecho a la vida privada de un hombre público.

“Mi derecho termina donde comienza el derecho del otro”.

La sentencia popular es conocida. Suena a lugar común, pero en verdad es una afirmación con un sentido muy profundo: los derechos individuales no se superponen en tiempo y espacio.

Juan Carlos Cassagne (Los grandes principios del derecho público, Colección de Derecho Administrativo, Madrid, 2016, ps. 24 a 25), con cita en nota a pie de página de un trabajo de Fernando Toller (Refutaciones lógicas a la teoría de los conflictos de derechos), remarca que el llamado conflicto de derechos, aparte de afectar el principio de no contradicción,  no tiene en cuenta que los principios  generales juegan un rol armónico  dentro del sistema jurídico y que no hay jerarquías dogmáticas predeterminadas de derechos, sean positivas o naturales (con excepción del derecho a la vida  y sus derivaciones); el desplazamiento de un principio general por otro  no debe ser un acto de puro voluntarismo judicial o doctrinario  sino de ponderación de los distintos valores en juego en el caso, conforme a las exigencias de la razonabilidad práctica. Observa asimismo que los derechos no se encuentran en conflicto a priori, y que resulta necesaria su armonización mediante un método adecuado que permita ponderar y reflexionar con sentido práctico para arribar a una decisión justa.

El test de razonabilidad que permite identificar un derecho subjetivo con contenido justo, y, por tal razón, derecho propiamente, no siempre es sencillo. Una de las potestades no puede desplegarse si la otra lo hace, y esa tensión las ajusta en sus esencias.

Obviamente, lo primero en este orden de razonamiento es determinar qué es el derecho subjetivo, potestad o prerrogativa individual.
En sentido estricto, se trata de la parte que corresponde a cada persona o grupo de personas en la sociedad por imperio del reparto producido por la justicia distributiva, con fuente en la naturaleza de las cosas o en la ley.

Así, entonces, las potestades serán derecho, y por ende gozarán de prioridad jerárquica en el conflicto aparente, si se encuentran reconocidas ex ipsa natura rei o ex lege. Es decir, los derechos subjetivos emanarán de la naturaleza de las cosas o de la ley, con referencia al caso concreto (no en abstracto), y si no sucede ello, pues no serán derecho propiamente y habrán de ser preteridos en el cotejo con otros derechos individuales que sí revisten ese carácter.
Podrá decirse que la referencia a la naturaleza de las cosas es peligrosa porque remite a un aparente arbitrio del juez, y, como se argumentara en forma algo superficial, es más seguro sujetarse a la opinión y decisión de muchos —legisladores— que a las de uno —juez— o de varios —jueces en tribunales colegiados—.

El riesgo se reduce a la mínima expresión si el sistema funciona adecuadamente, si las instituciones operan de conformidad a la estructura constitucional vigente, y si las funciones políticas y jurisdiccionales son ejercidas por personas idóneas que actúan conforme un método adecuado al discernir el derecho aplicable a cada caso según sus circunstancias singulares.

(*) Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires

Fuente: Nuevo Mundo, edición 519 del 1 de julio de 2022