Por Julio Conte-Grand
El 25 de noviembre se conmemoró el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Momento
propicio para efectuar, en las diferentes organizaciones, un balance de las
gestiones institucionales que se vienen implementando en relación a esta
cuestión crítica y en extremo sensible.
En el territorio de la provincia de Buenos Aires, durante el año 2021 fueron
iniciados 128.900 procesos penales por violencia familiar y/o de género;
mientras que durante el año anterior lo fueron casi 110.000 –año de pandemia-,
casi duplicando las denuncias en la materia radicadas hace apenas siete años
atrás, en 2015. Las denuncias por violencia por razones de género constituyen a
la fecha aproximadamente el 35.5 % de las investigaciones penales totales con
autor imputado o sindicado a nivel provincial.
Este año, durante el primer
semestre, si bien se trata de datos provisorios elaborados por el Registro
Penal de Violencia Familiar y de Género (REVIFAG) de la Procuración General
bonaerense, se registran iniciados en la Provincia de Buenos Aires 60.353
procesos penales por hechos de violencia familiar, cifra similar a la del año
pasado en igual período.
En una evolución o tendencia
inversa, de carácter descendente, los femicidios registrados en el año 2021 en
la esta Provincia fueron 73, mientras que en el año anterior se registraron 94
víctimas de femicidio, y en los años 2019 y 2018, 102 mujeres fueron asesinadas
por razones de género respectivamente.
Teniendo ello en cuenta, ante
la necesidad de trabajar en profundidad el acceso a la justicia de las mujeres
que sufren violencia por razones de género, y de adoptar aquellas medidas protectorias necesarias
en los casos en que se vislumbra riesgo de violencia grave o femicidio, desde
la Procuración General del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires
(MPBA), en las tres áreas de gestión (Ministerio Público Fiscal, de la Defensa
y Tutelar), se han adoptado diversas y muy importantes decisiones para fortalecer la lucha contra este tipo
de violencias y dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y
convencionales que rigen la materia, las que se cimientan esencialmente en 4
ejes: a) en la
información estadística pormenorizada de este complejo fenómeno, tanto para la
formulación de los diseños de gestión como para el seguimiento de las
estrategias implementadas; b) la especialización en los órganos, los operadores y en los procesos de
trabajo en la materia, dado el enfoque contextual e interseccional que requiere
el abordaje de estos casos; y que exigen de los agentes judiciales una mirada
distinta, una mirada no estereotipada de los involucrados, una mirada
contextualizada, que es lo que se conoce como “perspectiva de género”; c)
acciones concretas para el acceso a la justicia que debe ser inmediato,
oportuno y especializado, desde el momento en que el hecho de violencia se
ponga en conocimiento de las autoridades, es decir desde la radicación misma de
la denuncia; d)
capacitación permanente de los operadores de las tres áreas de gestión del MPBA,
con el objetivo de incorporar la perspectiva de género
También se ha aprobado el uso
del “Protocolo de investigación para muertes violentas de mujeres
(femicidios)” y la “Guía de Actuación en casos de Violencia Doméstica contra
las Mujeres”; todo ello a fin de ofrecer
a los integrantes del Ministerio Público Fiscal pautas de trabajo ágiles para
investigar y litigar casos de muertes violentas de mujeres de manera eficaz y
con perspectiva de género; asegurando
que su actuación se desarrolle de acuerdo con los estándares internacionales de
debida diligencia reforzada aplicables a este tipo de criminalidad.
Además, en el marco de las
obligaciones asumidas por el MPBA a partir de la sanción de la Ley 15.134 (Ley
Micaela), se dictan anualmente los cursos sobre violencia contra las mujeres y
perspectiva de género; y en la misma línea, el Centro de Capacitación ha
elaborado el “Programa Integral sobre género y violencia contra las mujeres”,
que articula las diferentes actividades de capacitación ofrecidas desde el
campus sobre este tema.
En agosto de 2021 se creó la
Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar, como un espacio
institucional jerarquizado dedicado a delinear y desplegar políticas de género,
en especial en lo atinente a la lucha por la erradicación de la violencia
contra las mujeres y otros colectivos que sufren violencia y discriminación por
razones de género, como así de la que se desarrolla en el contexto familiar; que promueve acciones
propias y también transversales a todas las áreas de gestión del MPBA.
De las
múltiples actividades llevadas a cabo desde el área especializada durante el
transcurso de este año 2022, cabe mencionar, por su relevancia, las siguientes:
a) el ciclo de capacitaciones para operadores del Ministerio Publico Fiscal que
reciben denuncias en el ámbito del MPBA, para la implementación gradual del
formulario especializado para las denuncias por violencia en el ámbito familiar
y/o por razones de género, que fue
aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos
Aires (SCBA) mediante Resolución SCBA N.° 2209/21 en coordinación con esta
Procuración General; y luego de ello, en el mes de julio, por Resolución n.º
531/22 de la Procuración General, se dispuso la implementación del Formulario
Único de Denuncias de referencia para todos los ámbitos de recepción de
denuncias del MPBA, que obra en el SIMP, a partir del 4 de julio de 2022;
habiendo sido recibidas hasta fines del mes pasado, más de 480 denuncias con el
formulario especializado que contiene la escala de predicción de riesgo de
violencia grave; b) En la misma línea se participó en la jornada de
capacitación sobre el Nuevo formulario de toma de denuncias de hechos de
violencia familiar y/o violencia de género en el ámbito familiar (Resolución SC
Nº2209/21), organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema
Corte de Justicia; c) Se están llevando a cabo en la actualidad y con el mismo
norte, reuniones periódicas del MPBA con las áreas correspondientes de la SCBA,
Ministerio de Seguridad, Ministerio de Mujeres y Ministerio de Justicia, con
miras a la implementación en los próximos meses, del Formulario Único de
Denuncias de referencia en el ámbito de todas las Comisarías de la Mujer y de
Prevención bonaerenses.
Asimismo, en estos últimos meses se ha trabajado en la elaboración de
una Guía de Buenas Prácticas para la Atención Primaria de Víctimas de Violencia
por razones de género; para la totalidad de las/os agentes del Ministerio
Público bonaerense con el objetivo de que sea presentado para todo el MPBA y
difundido en el ámbito del Plan de Capacitación para la Ley Micaela 2023.
Se trata de un
instrumento que promueve
garantizar el efectivo acceso a la justicia en todas sus dimensiones, fijando
directrices y pautas de actuación para el trato de la personas víctimas de
violencia por razones de género y que brinda un aporte significativo orientado
a profundizar en la profesionalización del desempeño funcional de los/as
operadores/as del MPBA en cuanto a la atención al público; y para cuya
confección han colaborado referentes de Fiscalías, Defensorías, Asesorías y
Curadurías del MPBA.
Cada planificación estratégica, se basa en profusos datos
estadísticos de los Registros del MPBA, así como en las diferentes situaciones
y problemáticas que se perciben en la labor diaria de los órganos competentes
en el abordaje de las violencias por razones de género. Luego, la evaluación de
las políticas públicas implementadas se realiza analizando nuevamente la
eficiencia y de los efectos reales de la línea de trabajo de que se trate,
analizando minuciosamente el abordaje y resultados obtenidos en la respuesta
judicial efectiva frente a este tipo de criminalidad, lo que en definitiva
contribuye a su prevención y erradicación
En consonancia, el Plan Estratégico del MPBA, que parte
del principio de la centralidad de la persona para reconocer las esferas de
desenvolvimiento de su vida y la búsqueda de seguridad y armonía, considera
este flagelo como uno de sus ejes centrales de gestión institucional, adoptando
una visión integral y concretando políticas como las enumeradas, en las tres
áreas de gestión que lo conforman.
Tanto a nivel de la planificación cuanto en la dimensión operativa de su
ejecución, la tutela de la dignidad de la persona se impone en este sentido
como objetivo central; y cada una de las políticas públicas en la materia
específica, algunas de las cuales se han enumerado, se orientan a este fin
último y por añadidura, a la protección del sistema de derechos humanos en sus
distintas facetas, por el MPBA.
Fuente: Nuevo Mundo, edición 626 del 2 de diciembre de 2022
(*) Procurador General de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires
