"...Si existe violencia “invisibilizada”, es la violencia que se ejerce contra las infancias …", dice UNICEF, para agregar que ello se debe a que, en un altísimo porcentaje, se produce dentro del ámbito familiar y en consecuencia queda oculta, no se denuncia, y provoca, con acciones o descuidos de los adultos, tanto daño emocional, físico, sexual y patrimonial entre algunos, a los niños.  

Aun así, dice, se elaboran y publican estadísticas basada en distintas fuentes resultando que el 70% de las violencias que llegan a conocerse son intrafamiliares, que de ellas la de tipo sexual es la más alta (67%), entendiéndose que la emocional está presente en todas las demás formas.   Padres y padrastros en el podio de los agresores (89,9%). 

Para lograr entrar en lo privado, prevenir, sancionar y erradicar esta violencia, la "Convención Internacional de los Derechos del Niño"(1989) atribuyó responsabilidades a la familia, al Estado y a la Sociedad.  

Nuestra ley nacional (26.061) fortalece este principio imponiendo la "obligatoriedad" a los agentes de los servicios de salud, seguridad social, educativos, de las fuerzas de seguridad, como todo funcionario público de poner en conocimiento, ante la más mínima sospecha situaciones de maltrato a niños, niñas o adolescentes, a las autoridades competentes. Nuestra ley provincial 989 E invita a la sociedad a involucrarse permitiendo que en forma anónima "comuniquen a las autoridades cualquier situación eventual donde niños son víctimas de estos hechos”. (Solicitud de Protección). Obviamente ello no resulta suficiente. 

En un intento por achicar el margen de existencia de este más triste y grave de los flagelos de la realidad, se encuentra con media sanción en el Congreso el Proyecto de "Ley Lucio", inspirada en lo sufrido por Lucio Dupuy. En el proyecto ya aprobado por Diputados e incluido en el temario a tratar en extraordinarias, se pretende crear herramientas optimas y eficaces en la cadena entre el maltrato al niño y la respuesta de la Familia-Estado-Sociedad como los responsables de prevenirla, detectarla, detenerla, etc.. Tiene especialmente en cuenta, que por ejemplo Lucio, podría haber sido rescatado de manos de sus homicidas, por la Justicia que tuvo intervención en su caso, médicos que lo atendieron por anteriores lesiones a la que le provocó el deceso, sus docentes, familiares, vecinos etc.  

En este proyecto de ley Lucio, y previo diagnóstico, como se dijo, de las falencias del Sistema de Protección, se establece (al igual que en la ley Micaela referida a la Mujer) la obligatoriedad para todo agente dependiente del Estado, en todo ámbito y jerarquía, de acreditar capacitación sobre los derechos de niños, niñas y adolescente como también en los medios, teléfonos, formas, para dar soluciones. Su segundo eje es arbitrar campañas dirigidas a la sociedad a fin de sensibilizar y concientizar sobre este triste tema. La idea expresada en su exposición de motivos es que cualquier adulto que tenga sospecha de eventuales hechos de violencia que afecten a niños o niñas, pueda pedir ayuda aun en forma anónima, debiendo el Estado mantener informados sobre las vías (teléfonos, direcciones, medios, etc.). 

Confieso que, para empezar el año, la idea de comunicación a través de esta columna era sobre temas referidos a la Constitución y específicamente, en año electoral, a la nueva ley provincial, pero situaciones como la de Lucio, profundizar en los hechos, repasar y resaltar que no se hizo, que se hizo mal, que se puede hacer para prevenir el sufrimiento infantil, creo, debe privilegiarse en toda agenda.


(*) Abogada, delegada provincial de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, juez de Paz letrada, integrante de la comisión directiva de Conciencia San Juan

Fuente: Nuevo Mundo, edición 639 del 31 de enero de 2023